El Municipio de Tigre impulsó un decreto para regularizar construcciones antirreglamentarias con el objetivo de llevar adelante su ordenamiento territorial en búsqueda de un progreso urbanístico armónico. La falta de asistencia profesional conlleva, a veces, un desarrollo anárquico.
El Gobierno local, a través de la Dirección General de Obras Particulares, tiene como objetivo llevar adelante su ordenamiento territorial en búsqueda de un progreso urbanístico armónico, tanto para garantizar seguridad jurídica y edilicia, como para incentivar su correcto desarrollo. Para ver el Boletín Oficial CLICK AQUÍ.
El Municipio de Tigre impulsó un decreto para regularizar
construcciones antirreglamentarias con el objetivo de llevar adelante su
ordenamiento territorial en búsqueda de un progreso urbanístico armónico. Parte
de este trabajo tiene como tarea poner a reglamento las obras ejecutadas sin
permisos previos, con el fin de reconocer su situación jurídica y respetar el
interés general de la equidad tributaria.
Esto siempre basado en el reconocimiento de las imposibilidades de una parte de
la población, que produce su hábitat sin asistencia profesional y, por otro
lado, comprendiendo los beneficios que conlleva perfeccionar el dominio de los
inmuebles ya desarrollados que no cumplimentan la normativa correspondiente.
Para llevar adelante estas tareas se cuenta con pautas que brindan los
diferentes parámetros para trabajar, pero a medida que se avanza, resulta
necesario establecer nuevos procedimientos con el fin de registrar las obras
por un lado y reconocer oficialmente su existencia por otro, ello sin perjuicio
de mantener el carácter antirreglamentario cuando así resulte, siempre que
cumplimenten mínimos requisitos.
Por esa razón, desde la Dirección General de Obras Particulares, se impulsó un
nuevo decreto a los efectos de mejorar la incorporación al registro de las
obras clandestinas, que también son antirreglamentarias, pero que deberán
cumplimentar con ciertos requisitos de admisibilidad y verificar estrictas
normas en materia de seguridad y salubridad.
Al mismo tiempo se exigirán estándares mínimos de movilidad y
habitabilidad que se evaluarán minuciosamente, pudiendo proponer además,
adecuaciones y modificaciones parciales necesarias para su conformidad.
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